El peligro de legislar desde la ignorancia.

​El escenario político de los gobiernos locales en la República Dominicana está viviendo un fenómeno atípico que enciende las alarmas sobre la calidad de nuestra democracia democrática. Históricamente, los regidores de oposición se han caracterizado por ser el contrapeso del poder ejecutivo local: los llamados a ejercer una fiscalización exhaustiva, a revisar las cuentas con lupa y a convertirse en el megáfono de las demandas comunitarias. Sin embargo, la realidad actual nos muestra un cuadro a la inversa: alcaldes que se ven en la obligación de exigirle a sus propios regidores que se pongan a trabajar y fiscalicen con seriedad.

​Este desajuste institucional se hace evidente cuando el debate en las salas capitulares abandona los datos técnicos, los presupuestos y las leyes, para mudarse al terreno de la politiquería barata. El problema de fondo es casi siempre el mismo: representantes que utilizan su curul no para mejorar su demarcación, sino como una plataforma de campaña de cara a sus propias aspiraciones electorales. El legítimo deseo de ascender políticamente se convierte en un lastre cuando se desplaza el rigor legislativo por el espectáculo mediático.

Un regidor no es un comentarista de redes sociales ni un agitador de turno; es un funcionario público electo y pagado por los ciudadanos para legislar, fiscalizar y supervisar de manera rigurosa el desarrollo de las obras municipales.

​Da pena y vergüenza ajena presenciar cómo algunos representantes se paran en un podio a emitir juicios de valor sobre temas municipales sin el más mínimo sustento técnico. Hablar por hablar, sin argumentos, sin revisar los expedientes y sin la información necesaria, no es hacer oposición; es una profunda irresponsabilidad. Para criticar la inversión pública, primero hay que conocer los presupuestos, los cronogramas de ejecución y los avances financieros de los proyectos.

​La ciudadanía merece representantes preparados, responsables y comprometidos con su labor, capaces de hablar con hechos y no con especulaciones. Mientras los regidores de oposición sigan prefiriendo el ruido antes que el estudio, seguirán expuestos a recibir reprimendas públicas por parte de los alcaldes, dejando en evidencia que para dirigir un territorio, primero hay que aprender a respetarlo desde el cargo que ya se ocupa.

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​En el argot popular dominicano, no hay mejor frase para describir lo que ocurre en varias salas capitulares del país que una soberana pela de lengua. Que sea el propio funcionario fiscalizado —el alcalde— quien tenga que pararse a exigirle a su fiscalizador que estudie y que deje de hacer "teatro" en el hemiciclo, es la muestra fehaciente de un mundo al revés.

​Es una vergüenza que quienes fueron electos para velar por los recursos del pueblo prefieran la gratificación instantánea de un video viral en redes sociales antes que sentarse a leer un pliego de condiciones o un estado financiero. La oposición política es vital para la salud de cualquier municipio, pero la oposición ciega, ignorante y estridente solo destruye la confianza institucional. A estos regidores les quedó grande el cargo; confundieron la fiscalización con el chisme de pasillo y el debate de altura con la campaña electoral anticipada. Si quieren el respeto del pueblo y de sus adversarios, primero tienen que ganárselo con la verdad en la mano.

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El colapso del rigor técnico en los gobiernos locales

​El fenómeno observado en el ámbito municipal de nuestro país no es un hecho aislado, sino el síntoma de una degradación sistémica en la selección de los candidatos a puestos de representación local.